Alcalde Armitage estaría violando los derechos constitucionales de los caleños

“Los proyectos municipales no están por encima de la Constitución del país”.

Fernando Tamayo, presidente del Concejo; Maurice Armitage, alcalde de Cali; Alejandro Becker, durante conferencia sobre Cali Distrito.

Por: Guido Toro

Manos levantadas al cielo sostenían pancartas, sobre la avenida Colombia, que rezaban: “medida desmedida”, “rechazo al cobro”, entre otros mensajes que tenían el propósito de ascender a lo más alto del edificio del CAM, a fin de que el alcalde de Cali, Maurice Armitage, asomara tan siquiera la mirada por alguna rendija para percatarse de la necesidad de los atribulados habitantes del barrio el Peñón.

Los manifestantes salieron a las calles decididos a enfrentar a la administración municipal, como consecuencia del cobro por parqueo en vía pública, implementado inicialmente en ese clásico barrio del norte de la ciudad, bajo el nombre de Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER).

Si bien la protesta tuvo lugar el pasado 1 de agosto del presente año, lo que los vecinos del Peñón ignoraban es que el Acuerdo Municipal 088, que aprobó el tributo al parqueo público y privado, fue avalado por el Concejo de Cali el 29 de noviembre de 2018, es decir, la manifestación de los ciudadanos incautos sucedió casi un año después de que la administración Armitage ya contara con el dictamen legal para proceder a grabar a los caleños con este nuevo impuesto.

Entonces surge la pregunta, por qué la Alcaldía no había informado ampliamente a los caleños sobre este nuevo impuesto.

Protesta de los vecinos del Peñón contra las zonas de parqueo ZER, implementadas por la administración Armitage. (foto del autor respectivo).

La infortunada resolución para la clase trabajadora y comerciantes de Cali surgió con el objetivo de reorientar rentas, y establecer otras, dirigidas a financiar el MIO, como lo describe por ejemplo el Artículo 3, “Las fuentes de financiación de la sostenibilidad del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM-MIO son, entre otras, las siguientes: Contribución por el Servicio de Garajes o Zonas de Estacionamiento de Uso Público”.

Pero la normativa va mucho más allá, pues en el Artículo 4 estipula que “la Contribución por el servicio (…)”, la deberá sufragar el conductor “al hacer uso de un servicio de estacionamiento de uso público ya sea en vía o fuera de la misma”, es decir, los ciudadanos tendrán que pagar el tributo de parqueo en la calle, o aún si ingresan a un centro comercial o inmueble con servicio de parqueo.

La base impositiva por hora quedó definida así: $852 pesos tendrían que pagar los conductores en zona general, el parqueo en las 12 Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER) sería de $1.200 pesos durante el 2019, y $597 pesos de tributo adicional sobre el costo que los clientes asuman en parqueaderos privados, según lo detalló el Concejo de Cali a través del comunicado número: 21.2.3.300 del 5 de diciembre de 2018.

Un Acuerdo en Desacuerdo

Durante el debate del polémico Acuerdo Municipal 088 se conoció de la reorientación de cinco rentas provenientes del sector de tránsito y transporte para financiar el MIO, como lo son el impuesto de rodamiento, el de circulación, lo que se recaude por los servicios de licencias de conducción, derechos de tránsito y patios.

Estas rentas estuvieron comprometidas 17 años para saldar la deuda de Cali con el sector bancario, aunque el comunicado del Concejo no especificó qué tipo de deuda.

Debido a lo anterior las concejales Patricia Molina Beltrán y María Grace Figueroa Ruiz votaron negativamente el Acuerdo 088, mientras que el concejal Roberto Rodríguez Zamudio propuso suprimir desde el Artículo 3 hasta el 16, es decir, todo lo referente al tributo por parqueo en zonas públicas o privadas con servicio de estacionamiento.

A pesar de la reorientación de los rubros de vialidad, para inyectarle dinero al MIO, y la oposición de tres concejales, el proyecto continuó adelante su curso y el Concejo de Cali aprobó el Acuerdo Municipal 088 con 14 votos.

Armitage y el Concejo estarían violando los derechos constitucionales de los caleños

Si bien el triste Acuerdo Municipal 088 nace bajo la sombra de las leyes citadas en ese documento, entre las que figura el Artículo 287 de la Constitución, que le concede a las entidades territoriales (municipios) la “autonomía para la gestión de sus intereses (…)”, y la capacidad para “establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”, ninguna normativa territorial está por encima de los derechos establecidos en la Carta Magna.

El Acuerdo 088 publicado por el Concejo de Cali informa de la participación de 44 personas en el debate de este polémico proyecto, es decir, la participación ciudadana alcanzó alrededor del 0,0018% de la población caleña, partiendo de una población de dos millones 400 mil personas, dejando a un lado a 470 mil caleños borrados del censo anterior por parte del DANE, según lo había denunciado el presidente del Concejo.

De esas 44 personas, 37 personas figuran inscritas virtualmente en la página Web, cinco de ellas están reportadas con la inscripción presencial en el “Libro”, y las últimas dos no figuran registradas ni virtual ni físicamente.

Además solo 11 personas participaron en sesión, llevando la cifra de representación ciudadana a un simbólico y ridículo 0,00045% de la población caleña, por lo tanto Armitage y el Concejo estarían violando el Artículo 1 de la Constitución, que consagra el derecho social, la participación, y la prevalencia del interés general.

Ciudadanos vulnerables

El primer trimestre de 2019 arrojó una terrible tasa de desempleo en Cali, alcanzando el 13,5%, es decir, unos 190 mil ciudadanos, según lo reportado por el programa Cali Cómo Vamos.

Esa población, más aquellos ciudadanos que devengan un salario mínimo, aunado a los trabajadores informales deberán asumir el pago del tributo público por parqueo, en zonas públicas o privadas, como es el caso de los centros comerciales.

El nuevo impuesto consignado en el Acuerdo 088 no figura en la canasta básica de la población, por lo cual se prevé un retroceso en la capacidad adquisitiva y un empobrecimiento mayor de las clases menos favorecidas que tendrán que pagar un tributo adicional.

Bajo este escenario, el alcalde Armitage y el Concejo de Cali estarían violando el Artículo 13 de la Constitución al poner en franca desprotección a las clases asalariadas, trabajadores formales e informales, y a los desempleados, pues el Estado les asegura la protección por parte de las autoridades.

¿Alcaldía eficiente?

La concejal Patricia Hernández, directora de Hacienda Municipal, durante el debate del Acuerdo 088,  indicó que “al reorientar estas rentas de tránsito no se afecta el presupuesto de inversión del Municipio”, refiriéndose al presupuesto trasladado para financiar el MIO, en consecuencia votó negativamente el Acuerdo 088.

Mientras el alcalde Armitage busca dinero para el sistema de transporte MIO por medio  del presente Proyecto, esta administración deja comprometido al municipio con un pago anual superior a los $1.000 millones de pesos ante Asocapitales, según el proyecto de acuerdo 075 de 2018, y que no representa ninguna solución para el transporte, la pobreza, o el desempleo de los caleños.

El compromiso ante Asocapitales quedó consignado en el Concejo de Cali, el 1 de agosto de 2018 por medio del comunicado 21.2.3.151.

Así, el Alcalde de los caleños y el Concejo estarían violando el Artículo 363 de la Carta Magna, que reza “El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”.

Derecho a la Libre Competencia

Dado que en la capital del Valle, algunos centros comerciales cobran el uso de parqueo a sus clientes y otros no, bajo el Acuerdo 088, aquellos establecimientos que manejan un cargo por este servicio deben adicionar el nuevo tributo municipal, dejando en desventaja a estas empresas frente a aquellas que no cobran el parqueo, y al mismo tiempo, poniendo en desequilibrio los empleos que se generan en ese tipo de comercios.

El Artículo 6 del Acuerdo 088 reza, “La Contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento de uso público, se aplicará sobre la utilización del servicio oneroso de estacionamiento de vehículos de uso público, ya sea en vía pública o fuera de la misma.

El Estado colombiano protege la libre competencia, como derecho constitucional contemplado en el Artículo 333 de la máxima normativa del país, por lo tanto, nuevamente Armitage y el Concejo de Cali estarían ante la violación de otra Ley.