Consejo de Estado en debate de credibilidad ante la opinión pública

“Siete días después este tribunal decretó que la suspensión del fracking no impide la realización de proyectos piloto integrales”.

Por: Guido Toro

El mismo día que trascendía la noticia de la contaminación del río Tibú por derrame de petróleo, el pasado 10 de septiembre, dejando a más de 35.000 personas sin agua potable, además de la destrucción masiva de flora y fauna, la fecha coincidía con la decisión del Consejo de Estado de sostener las medidas cautelares para suspender el -fracking- en Colombia.

Sin embargo, ese tribunal supremo sorprendió siete días después a los ambientalistas y a toda la opinión pública con una aclaración sobre el alcance de la medida cautelar.

Por medio de un comunicado de prensa, la máxima Corte de lo administrativo indicó que la suspensión del fracking no impide la realización de proyectos piloto integrales de investigación (PPII), que de hecho ya había sido contratado por el Gobierno Duque, con el objeto de ofrecer un concepto técnico sobre la viabilidad de estimulación hidráulica o  -fracking-.

“Lamentamos que el Consejo de Estado haya permitido la fase preliminar de los pilotos, sin embargo, respetamos y acatamos las decisiones judiciales. Seguiremos, conjuntamente con nuestros aliados, realizando las acciones jurídicas, de incidencia y movilización a que haya lugar para no permitir el desarrollo de esta técnica en el país”, indicó La Alianza Colombia Libre de Fracking para Radio Nacional.

Lo cierto es que el -fracking- empieza a abrirse paso en el territorio colombiano, con la misma fuerza que empezarán a taladrar las rocas del subsuelo, fundamentado en una decisión tomada por el Consejo de Estado, que ahora pone en la palestra nuevamente el debate y la confrontación sobre la prioridad del petróleo sobre el agua, situación que también lleva al debate público la credibilidad de este alto tribunal.

En febrero del presente año, 48 municipios se declararon en calamidad pública por ausencia del líquido vital para la vida. El departamento de Bolívar figura como el más afectado, seguido por Boyacá, Santander, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Antioquia, Sucre, y Valle del Cauca.

El acto de lo contencioso administrativo compete al Consejo de Estado, encargado de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad que no sean de competencia de la Corte Constitucional, y este órgano había decretado medidas cautelares desde noviembre de 2018 contra la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales por medio de la técnica conocida como fracking o estimulación hidráulica.