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Fallo reconoce finalmente derechos del río Cauca y hace responsable a EPM

Represamiento del río Cauca en el embalse de Hidroituango. (foto: Semana).

Por: Guido Toro

Instituciones públicas, sector académico, medios de comunicación, y comunidades han sido testigos de los impactos a la flora y fauna del río Cauca, después de iniciada la construcción de la represa Hidroituango, que recientemente ha tenido en vilo al país debido al colapso del túnel auxiliar, las filtraciones de los túneles de captación, el represamiento de la quebrada la Sinifaná, la afectación a todos los municipios aguas abajo que sobrevivían a partir de la pesca artesanal,  así como la invasión del buchón, planta acuática que crece en zonas donde el agua está estancada o con fluidez insuficiente, aniquilando de esta forma los procesos biológicos de conservación de los ecosistemas.

Frente al extenso y complejo panorama anterior, Juan Luis Castro, Senador por el Partido Verde, y el activista Diego David Ochoa, interpusieron una Acción de Tutela para redimir los derechos del río Cauca, el segundo más importante de todo el país, y que recorre unos cien municipios hasta su punto de desembocadura.

No obstante, el Tribunal Superior de Medellín le dio la razón a los demandantes de EPM y la Gobernación de Antioquia, en virtud de los derechos fundamentales de las generaciones futuras, y no directamente porque el fallo buscara amparar al río como fuente hídrica y de desarrollo económico nacional.

Los magistrados impartieron justicia con base en la normativa internacional de las Naciones Unidas, contemplada en la Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de 1992, que estipula el derecho al desarrollo, ejercido de forma tal que responda a las generaciones presentes y futuras.

Mientras que la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982 amplia el concepto y la protección, cuando afirma que el hombre… debe preservar las especies y los ecosistemas.

Por lo tanto el alto Tribunal, en segunda instancia, dictaminó que “EPM es responsable de la vulneración de los derechos fundamentales de las futuras generaciones, a su vida, agua, seguridad alimentaria, medio ambiente sano…”, y le ordenó a Empresas Públicas de Medellín que inicie las acciones para detener el daño sufrido por el río aguas abajo.

En la sentencia 38 del 17 de junio de 2019 se ordena al Gobierno Nacional ejercer la tutoría y la representación legal de los derechos del río, y para esos efectos conformará el grupo “guardianes del río”, integrado también por las comunidades respectivas, con el propósito de que aseguren la efectiva protección, recuperación y conservación del río.

El Tribunal también designo el acompañamiento de un equipo asesor integrado por el Instituto Humboldt, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Corantioquia.

El fallo también hace responsable a las comunidades de la ribera del Cauca, toda vez que “sólo cobrará sentido en cuanto se extienda a toda persona o comunidad que habita la cuenta del río Cauca, sus afluentes y territorios aledaños”, concluyeron los magistrados.

Entre licencias y decretos

El Tribunal de Medellín destaca aspectos muy llamativos, aunque no entra en profundidad o discusión de los mismos, por ejemplo, anota que la Resolución 0155 del 30 de enero de 2009 otorgó la licencia ambiental para la construcción y operación del proyecto Hidroituango, cuando Álvaro Uribe era Presidente de la República, hoy, Senador por el partido Centro Democrático que el mismo fundara.

Esa Resolución fue expedida por el Ministerio de Ambiente, cuando el titular de la cartera era Ricardo José Lozano Picón, que actualmente ocupa el mismo cargo después de que Duque, impulsado por Uribe para la Presidencia, lo nombrara nuevamente.

En 2011, el Gobierno de Juan Manuel Santos expidió el Decreto 3573, que da surgimiento a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), “asignándole las funciones de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente…”, reza la sentencia 38.

En efecto, las nuevas funciones de la ANLA, contempladas en el mismo Decreto, apuntan en el numeral 11 que también le corresponde “dirimir los conflictos de competencia cuando el proyecto, obra o actividad sujeto a licencia o permiso ambiental se desarrolle en jurisdicción de dos o más autoridades ambientales”, es decir, deja la responsabilidad del control y seguimiento del proyecto de Hidroituango en manos de esa Autoridad, y lejos del dominio de las corporaciones regionales autónomas (CAR).

No sorprende entonces que la sentencia del Tribunal Supremo apunte que a Corantioquia le correspondía el control y seguimiento ambiental de Hidroituango, pero solo debió limitarse a una función de prevención por efecto de la licencia ambiental que existía de por medio.

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Director: Guido Toro

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