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Inhabilidades e incompatibilidades para cargos de elección popular: Elecciones 2019

“Los delitos políticos o culposos no forman parte de las inhabilidades”, Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

Por: Guido Toro

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

Extensa es la lista que describe el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en cuanto a las inhabilidades e incompatibilidades que enfrentan aspirantes y candidatos a cargos de elección popular, como gobernadores, alcaldes, o miembros de las Juntas Administradoras Locales (JAL).

Consecuencias de las inhabilidades

Algunas de las consecuencia que lista el DAFP son:

• Para quien aspira a ingresar o acceder a un cargo público, no podrá ser designado ni desempeñar dicho cargo.

• Para quien sin haberse configurado alguna de las causales de inhabilidad mencionadas, es nombrada para ocupar un cargo o cuando encontrándose
en ejercicio del cargo, incurre en alguna de ellas, será declarado insubsistente.

• No podrán ser inscritos como candidatos y candidatas a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos,
ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado.

• El servidor que cumpla 65 años deberá ser retirado y no podrá ser reintegrado al servicio, salvo las excepciones legales.

• No podrán contratar con el Estado ni participar
en licitaciones o concursos.

Causas de las incompatibilidades de los servidores públicos

• Siendo servidor público, celebrar contrato con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos.

• Siendo funcionario de la Rama Judicial, de los órganos electorales, de control y de seguridad, participar en política.

• Desempeñar simultáneamente más de un empleo público.

• Recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.

• Siendo servidor público, aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, o celebrar contratos con ellos, sin previa autorización.

• A todo servidor público le está prohibido adquirir o intervenir directa o indirectamente, en remate o venta de bienes que se efectúen en la entidad donde labore o en cualquier otra sobre la cual se ejerza control jerárquico
o de tutela o funciones de inspección, control y vigilancia.

Delitos políticos o culposos

A primera vista, cualquier aspirante a cargos públicos que haya sido condenado por delitos, sin importar su naturaleza, no debería ser admitido en la administración pública. No obstante el DAFP anota lo siguiente:

“De igual forma, se precisa que según la Corte Constitucional en Sentencia No. C-546 de 1993, las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses como las demás calidades… en criterio de esta Dirección se considera que no hay impedimento, para que una persona que haya cumplido una pena privativa de la libertad por un delito común pueda ser nombrado en un cargo público, si el empleo no exige ausencia de sanciones”.

No obstante lo anterior, para el caso de los empleos de elección popular como es el de Congresista, Diputado, Gobernador, Alcalde, Concejal, Personero y Edil, el haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, se constituye en una causal de inelegibilidad permanente para ocupar dichos cargos públicos.”

¿Qué es un delito político o culposo?

Resulta muy llamativo que los delitos de carácter político o culposo estén por fuera de los impedimentos para los aspirantes a cargos públicos por medio del voto popular. De manera que Colombia Legal amplia de qué se tratan, para entender el accionar de la Corte Constitucional de nuestro país.

Delito Político

Delitos políticos en el Código Penal. Primero hay que entender qué, se denomina delito político en Colombia a aquellos actos o acciones que atentan contra la Constitución y el orden constitucional establecido”.

“Estos delitos buscan combatir a los grupos insurgentes que no aceptan el mandato de un presidente y recurren a desobedecer la Constitución”.

Colombia Legal enumera los delitos políticos en su artículo, según los Artículos 467 al 473 del Código Penal.

Delito Culposo

En cuanto al delito culposo, el artículo 23 lo define así:

Artículo 23: La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo.

Significa fundamentalmente que el implicado causó la muerte de otra persona debido a un accidente que no fue premeditado, por ejemplo los accidentes de tránsito que ocurren a diario en las vías del país. En este caso, el juez determinará el grado de culpabilidad para emitir su condena.

Como ejemplo adicional, podemos mencionar el robo en un banco, en el cual resulta implicado un funcionario, no por ser ladrón o estar dentro de la banda que asalta el banco, sino porque no tomó las medidas de seguridad suficientes para evitar el robo, agregó el portal Colombia Legal.

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Director: Guido Toro

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