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Empiezan a salir a flote los derechos del río Cauca

Diego Rodríguez, Personero delegado para Servicios Públicos y Medio Ambiente, Héctor Hugo Montoya Cano, Personero Municipal de Cali, Lilia Stella Hincapié Rubiano, Procuradora Agraria y Ambiental del Valle, Raúl Fernando Núñez Marín, Procurador Regional del Valle del Cauca.

Por: Guido Toro

Desde que salieron a la luz las irregularidades por la construcción de la represa de Hidroituango, que provoca una afectación hacia los sectores altos del río Cauca, el segundo afluente más importante del país se volvió protagonista no por su riqueza o biodiversidad, sino por su estado deplorable como consecuencia de los vertidos de aguas contaminadas que provienen de los cascos urbanos, así como del sector agrícola.

Lo anterior cobra gran relevancia cuando se entiende que el río Cauca es “la principal fuente de abastecimiento de agua de Santiago de Cali, y patrimonio ambiental de la región y el país”, reza un informe del Ministerio Público, encabezado por la Procuraduría General de la Nación, y las personerías de Cali, Palmira, Candelaria, Jamundí, y Yumbo, fechado al 22 de marzo de 2019.

En torno a esa preocupación se reunió ayer el cuerpo regional de procuradores para dar a conocer una Actuación Preventiva Conjunta con el objetivo fundamental de entender que el río Cauca hace parte de nuestro territorio.

Se trata de un asunto de derechos humanos, porque encierra el derecho de acceso al agua potable, y por lo tanto, los funcionarios públicos están en la obligación de proteger y garantizar ese derecho, explicó Raúl Fernando Núñez, Procurador Regional del Valle del Cauca.

El río se está ahogando

Entre la gran cantidad de impactos ambientales que recibe el río Cauca, la Procuraduría tiene primordial preocupación por el canal intersectorial sur, en el sector Navarro-Hormiguero, que recibe el vertido de los ríos Lilí, Meléndez, y Cañaveralejo.

De acuerdo con Diego Rodríguez, Personero delegado para Servicios Públicos y Medio Ambiente, esa convergencia genera una repercusión de carga orgánica que afecta el proceso de potabilización aguas abajo, en las plantas de Puerto Mallarino y río Cauca, razón por la que se presenta la suspensión del tratamiento, aumentando los desabastecimientos de agua en la ciudad.

Otra situación preocupante es la planta de tratamiento de Cañaveralejo (PTAR), debido a que solo posee un sistema de tratamiento primario, es decir, solo remueve un poco más de la mitad de la carga contaminante, vertiendo la otra mitad directamente al río.

El sistema de drenaje oriental que cae al río Cauca, a través de la estación de bombeo Paso del Comercio, también genera otro impacto importante, debido al gran número de conexiones erradas que hay en el oriente de Cali, entre redes de alcantarillado fluvial y redes de alcantarillado sanitario, provocando que el sistema de drenaje vierta gran cantidad de material contaminante sin ningún control al río Cauca.

El río Cauca cae en condiciones deplorables a lo largo de su travesía por la ciudad (de Cali), por lo que amerita una intervención muy decidida por parte de la autoridad ambiental DAGMA, agregó Rodríguez.

Aunque se trata también de una problemática provocada por los municipios que comparten la ribera del río, o que tienen afluentes hacia este, como Jamundí, Palmira, Candelaria, y Yumbo.

Para finalizar el esclarecimiento del líquido vital de los caleños que transporta el río Cauca, el cuerpo de procuradores anunció que se estará realizando una audiencia pública, donde están citadas las autoridades competentes, y se le solicitará a la CVC rendir un informe sobre la posible presencia de glifosato en las corrientes del segundo río más importante de Colombia.

En el documento de la Procuraduría citado antes, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca refiere la utilización del suelo principalmente por parte de la agroindustria de la caña de azúcar, con unas 244.000 hectáreas cultivadas.

Y adiciona que, de acuerdo con las concesiones de agua registradas, el 47% de usuarios registrados corresponden al sector agrícola, y el 38% al sector doméstico.

Acciones inmediatas

Los hallazgos del Ministerio Público dejan un signo de exclamación sobre el río, con palabras en silencio que no encuentran razón de ser.

“Hemos encontrado municipios donde no existe una planta de tratamiento. Hay otros que tienen planta de tratamiento, pero no está en uso, como es el caso de Jamundí y Pradera. Ya hay ordenes disciplinarias por parte de la Procuraduría por el abandono de esas plantas”, indicó Lilia Stella Hincapié, Procuradora Agraria y Ambiental del Valle.

El panorama se enloda cada vez más cuando el informe del cuerpo de procuradores señala que la planta de tratamiento de Pradera no funciona, y además está totalmente desmantelada.

Mientras que el alcalde de El Cerrito se negaba a recibir la planta, “hoy (marzo, 3) también estamos en una acción conjunta para que el alcalde de Guacarí reciba la planta de tratamiento”, comentó.

La Procuraduría espera un verdadero plan de acción articulado entre las diferentes autoridades ambientales que tienen obligaciones y responsabilidades en relación con la sostenibilidad del río Cauca.

Resultados

El Procurador Regional del Valle, Raúl Fernando Núñez, acotó algunos de los resultados alcanzados hasta la presente, “ya hemos logrado acciones conjuntas para la garantía y protección, como es el caso del humedal el Cortijo; el Zanjón del Burro, donde logramos detener proyectos que atentaban contra la biodiversidad”.

“La Procuraduría está en la misma línea de la protección de las cuencas hídricas, como sujetos de derechos, ya hemos obtenido a nivel nacional la protección de dos cuencas.”.

“Le estamos diciendo a los alcaldes que estamos vigilando, y que ellos deben tomar todo tipo de medidas para garantizar que el río Cauca continúe vivo”, puntualizó.

Desde la prevención hasta los actos disciplinarios

Por su parte, el Procurador Raúl Fernando Núñez explicó que las funciones de este órgano del Ministerio Público abarcan desde la función preventiva, que busca prevenir violaciones a derechos humanos, y al patrimonio público; además de la función de intervención que realiza acciones populares, y procedimientos judiciales.

La función de carácter disciplinario la ejerce el cuerpo de la procuraduría cuando no se obtienen respuestas positivas, o ante el incumplimiento en las funciones y obligaciones de los entes territoriales, bien sean alcaldías, entidades ambientales, empresas públicas, entre otras.

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Director: Guido Toro

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